Están diseñadas para matar o incapacitar a sus víctimas. Se utilizan para colapsar los servicios médicos enemigos, degradar la moral de sus tropas, y dañar vehículos no blindados. Por ello, se busca sobre todo que hieran gravemente o mutilen, y no tanto que maten, ya que un muerto no causa tantos problemas como un herido. Así, sus efectos más comunes son amputaciones, mutilaciones genitales, lesiones musculares y en órganos internos, quemaduras...
Se calcula que hay más de 110 millones de minas repartidas en más de 64 países (la mayoría en África). Cada año más de 26.000 personas mueren o sufren traumáticas mutilaciones debido a las explosiones de estas armas que no distinguen entre combatientes y población civil. Pueden permanecer activas durante más de 50 años después del fin de un conflicto. Frecuentemente no se señalizan las zonas minadas, ya que son lanzadas arbitrariamente desde aviones o desde lanzadoras sin ningún control sobre la zona en que caen.
Tampoco se elaboran mapas de minas, cosa que provoca, como ocurrió en Bosnia-Herzegovina, que muchas veces los soldados en plena retirada ante una contraofensiva del contrincante fueran víctimas de las minas que ellos mismos habían colocado previamente.
COSTES.-
Colocar una mina puede costar 1,8 euros, pero desactivarla puede llegar a mucho más: hasta 718 euros. Frecuentemente son las mismas empresas productoras de minas las que proporcionan servicios de desminado, en un ejercicio de negocio ya que están diseñadas para mutilar, más que para matar. Este aspecto es destacado frecuentemente en la publicidad de algunos fabricantes, los cuales se basan en la idea que es mejor mutilar al enemigo que matarlo, ya que una persona en condición de discapacidad supone un coste económico, social y moral mucho más duro que el de una persona muerta.
PAÍSES PRODUCTORES.-
Los principales países productores, que forman un arsenal de entre 180 y 185 millones de minas, son los Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Pakistán, Sudáfrica, Corea del Norte, Corea del Sur, Nepal, India, Singapur y Vietnam.
Los países más afectados por esta plaga son Camboya (10 millones de minas; uno de cada 236 ciudadanos está mutilado), Angola (9 millones de minas; uno de cada 470 habitantes está mutilado) Bosnia-Herzegovina, Afganistán, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú (en la frontera con Chile y Ecuador), Sudán, Mozambique, Somalia e Irak.
ACUERDOS.-
En febrero de 1997 los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados de España aprobaron unánimemente una Proposición No de Ley instando al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto para regular la prohibición total de las minas antipersona, bombas de racimo y armas de efecto similar. Un proyecto que debería conllevar la prohibición de la fabricación, el comercio, el uso y la exportación de las minas y también la destrucción de las existencias de este armamento.
Finalmente, en diciembre del mismo año un centenar de Estados de todo el mundo firmaron el Tratado de Ottawa, un texto definitivo para la prohibición total de las minas. España, aunque reticente al principio, también lo suscribió.
A día de hoy el Tratado ha sido ratificado por 144 estados. Se dice que los estados parte en la Convención de Ottawa ya han destruido 37 millones de ellas.
A pesar de este avance, no se debe olvidar el grave problema que conlleva para las víctimas normalizar su vida y es aquí donde no se está avanzando lo suficiente.